LEY DE ARRENDAMIENTO: EL FIN DE LAS CLASES MEDIAS
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Todo comenzó de manera sistemática hace unos meses con expropiaciones de desarrollos inmobiliarios,en propiedad horizontal o en viviendas unifamiliares, aunque en honor a la verdad, las expropiacionesde propiedad inmobiliaria, por vía violenta e ilegal, se venían ejecutando por intermedio de invasiones yde un discurso político que estimulaba y armaba a la toma e invasión de propiedad inmobiliaria, similaral que venía ocurriendo con las tierras de explotación agropecuaria. Vinieron leyes y decretos en l LeyHabilitante para justificar las expropiaciones.Ahora aparece la Ley de Arrendamiento –en discusión en la AN- donde finalmente el gobiernobusca imponer la descapitalización de la propiedad inmobiliaria del venezolano, lo que constituye ladestrucción del ahorro de toda una vida de las clases medias. La Ley de Arrendamiento en los hechosallanara la propiedad de la vivienda e inicia un proceso -por etapas- de expropiación, envilece el preciode la tierra urbana y del precio de la vivienda, en otras palabras empobrece el capital de toda una vidade la familia de la clases medias venezolanas.


Las clases medias, vivienda y ahorro


Para vastos sectores sociales poseer una vivienda, además de satisfacer una necesidad básica,constituye simultáneamente una inversión familiar realizada también sobre el supuesto que encondiciones normales, en el tiempo, constituye una protección del patrimonio familiar, y siendo unactivo “real” es muy probable que los efectos de la inflación y la depreciación de la moneda, ceterisparibus, estarían cubiertos con la adquisición de un activo in mobiliario, sea como vivienda principal ocomo ahorro permanente, comúnmente con carácter previsional.Ese proceso de reestructuración del portafolio de la familia venezolana se hizo más intenso posterioral viernes negro en 1983, cuando invertir en bolívares en Venezuela se convirtió en una alternativacostosa e incierta. Así sido tradicional en Venezuela, salvo algunos años en medio de circunstanciasextraordinarias, invertir en una vivienda también podría ser una decisión no óptima, que en últimainstancia destruya parte del capital familiar e individual, sobre todo porque el marco jurídico yregulatorio de ese mercado inmobiliario evita que la inversión fluya libremente al mismo tiempo quepermita satisfacer esas necesidades básicas. En condiciones “normales”, nada más lógico para el ahorrofamiliar que comprar una vivienda para vivir y cubrir su depredación esencialmente aquella producidapor malas políticas económicas y malos gobiernos por inflación y envilecimiento de la moneda.


Vivienda principal y el Balance Familiar


Ese ha sido, palabras más o menos, la lógica de la inversión en viviendas por parte de los sectoresmedios. El venezolano y su familia disponían así de un capital en un activo real en su balance personaly familiar, el cual le permitía al mismo tiempo apalancarse financieramente en la medida que lasobligaciones hipotecarias derivadas de la adquisición de la vivienda fuesen canceladas, -un promediode 10 años. Para otros, en una inversión para sus hijos como vivienda principal o como mecanismode cobertura y protección frente a la inflación y a la depredación del bolívar; ese comportamientoeconómico y financiero hizo que a todo evento en el balance familiar o individual, el activo de mayorvalor es -o era- la vivienda.Y como acotamos arriba, el mercado respondía rápidamente –cuando los gobiernos lo permitían- aesas preferencias de las familias y se organizaba desde la autopromoción programada urbanizandoy construyendo, la auto-construcción, hasta la producción masiva de viviendas por promotores
y urbanizadores privados y cuya obligación social y económica comenzaba precisamente con laadquisición de tierras urbanas y urbanizables para construir la oferta habitacional privada. Así congrandes economías de escala se construyeron cientos de miles de viviendas en urbanizaciones por todoel país.Las cosas, sin embargo, cambian aceleradamente, el gobierno decide apoderar al Estado, del mercadode vivienda de los sectores medios y bajos consolidados y catastrados, y lo hace en dos modalidades,muy relacionadas una de la otra. Se comenzó expropiando tierras urbanas y viviendas construidaseliminado los mecanismos naturales de arbitraje entre urbanizadores y compradores. Ese proceso secomplementa con la Ley de Arrendamiento, en discusión en la AN, que encierra un violento mecanismopolítico, inconstitucional, de “expropiación” por envilecimiento en el valor del activo inmobiliario, baseeconómica de la vivienda: la parcela o tierra que le da asiento. Un esquema similar al que funciona enCuba, donde es visible el deterioro y pauperización de la vivienda, por envilecimiento de su valor, porpérdida de propiedad, por expropiación, por regulación de precios, todos mecanismos de destrucciónurbana. Amigo lector, vaya y de un paseíto por la Habana e imagínese Caracas dentro de unos 25 años.El paso del comunismo avanza, y hay que detenerlo.

Dueño de la vivienda o usuario o inquilino del Estado


El paquete revolucionario nos trae entonces el fin del mercado sobre las tierra urbanas, apunta a suestatificación y traza rápidamente su regulación, de manera simétrica a como se estatizan las llamadastierras agrarias donde las cartas agrarias eliminaron la propiedad privada sobre tierras cultivables. Eneste caso de tierras urbanas y viviendas, el usuario de la vivienda –su comprador- no tiene por qué serdueño la tierra o parcela o propiedad horizontal, sino usuario de la vivienda como en Cuba, por ejemplo.La Ley de Arrendamiento incorpora dos etapas para cumplir ese objetivo.Así, las leyes y la violencia política de la revolución les arrebatan a los ciudadanos su país para ponerloal servicio de intereses políticos y mercantiles auspiciados por la revolución. Aunque a la gente le hacostado aprender ese proceso, nunca creyó que desde los poderes públicos su ahorro de toda una vida,su vivienda, quedara expuesto y envilecido, ahora está toca aprenderlo en la piel.Las expropiaciones de esas tierras urbanizables y en construcción, y que son decisiones arbitrariase ilegales del gobierno encierran un fenómeno aún más perverso: empobrecer y descapitalizar a lossectores medios, dado que el derrumbe del marco jurídico dispuesto para defender la propiedad privada–vivienda- de terceros, y particularmente del Estado, según la Ley en discusión en la AN la viviendade facto pierde su valor de mercado cuando su propiedad enfrenta un entorno jurídico de extremadebilidad, inducido por un proceso de depredación impuesto por el Estado. Política y socialmentehablando, el gobierno buscaría también inmovilizar la reacción política y social de la gente hasta hacerlaparte del régimen de servidumbre que se ha venido estableciendo para atender las necesidades de losvenezolanos menos favorecidos en el reparto del ingreso nacional.


Languidece el mercado inmobiliario


De esta manera, la depredación de los precios producida por las expropiaciones de tierras urbanasy urbanizadas y por la sobrerregulación del mercado de viviendas con leyes restrictivas a la compra-venta de viviendas y otros activos inmobiliarios –vía precios- y otras regulaciones, traerá comoconsecuencia la depredación de precios acotada anteriormente, por el alza de los costos de transacciónque hacen penoso la realización de las inversiones en vivienda. Todo funcionaria como un entornopara el empobrecimiento dado que esos activos en el balance personal y familiar se descapitalizarían ydesvalorizarían.La Ley de Arrendamiento en discusión grava penosamente la producción de viviendas por iniciativa
privada al obligarlo a producir para la arrendar un determinado porcentaje de viviendas, lasconsecuencias económica s y financieras se verán en la caída de la calidad de la vivienda y en el controlde los incentivos del capital privado, en otras palabras se detendrá finalmente la construcción deviviendas por capital privado. En esas condiciones, los parcelamientos y tierras disponibles para esosefectos, serian transferidas al Estado por utilidad pública al decretarlas el gobierno propiedad ociosa.La Ley de Arrendamiento se constituirá en un vehículo de expropiación de las tierras y parcelamientosurbanizables.



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Fecha: 08/08/2011